La analogía «el Estado es como una empresa» hace parte del inventario de frases que parecen colgadas en una vitrina, listas para usar y vender una comprensión del mundo con mayor sencillez y aparente lucidez. Es repetida y validada por ciertos círculos académicos y por políticos —como el presidente Abelardo de la Espriella, cuyo proyecto político concibe al «Estado como la empresa más importante de Colombia»[1]. Pero esta analogía es engañosa, peligrosa y denota un profundo desconocimiento sobre la naturaleza del Estado moderno y las razones que lo han sostenido.
Vamos por partes. Una analogía es una relación de semejanza entre dos ideas. El mecanismo a través del cual funciona la analogía es el de la transmisión de características de un concepto a otro —en este caso, de la empresa privada al Estado. ¿Qué se desea transmitir con «el Estado es como una empresa»? Que el Estado, como la empresa privada, debe ser austero, eficiente, no puede gastar más de lo que recibe en ingresos, no puede endeudarse permanentemente y debe ser gerenciado. Esto parece razonable a primera vista, pero un simple escrutinio revela que son falsas equivalencias que conducen a peligrosas concepciones sobre el Estado. ¿Por qué?
Primero, porque el objetivo de una empresa es generar utilidades. Es irrelevante si una empresa produce alimentos, textiles o se dedica a la especulación financiera; lo importante es que genere ganancias. Por el contrario, la noción de Estado en las democracias contemporáneas es la de un Estado social de derecho, cuyo objetivo es cumplir fines sociales como seguridad, educación, salud, protección del medio ambiente, etcétera. Las acciones del Estado no están ni pueden estar motivadas por la búsqueda de ganancias monetarias, y por lo tanto la empresa privada y el Estado tienen objetivos rectores fundamentalmente distintos y en muchas ocasiones opuestos entre sí.
Segundo, porque la empresa es privada, mientras que el Estado es la expresión político-institucional del conjunto de ciudadanos, de un todos, y por lo tanto su naturaleza es pública. El Estado no es posesión de nadie, ni puede serlo. No puede ser heredado, ni vendido ni subordinado a intereses privados. La empresa privada, en cambio, sí.
Tercero, porque el principio que rige a una empresa es el de la eficiencia, que es siempre encaminado a generar ganancias. Por el contrario, aunque el Estado debe tratar de ser eficiente, también está obligado a ponderar otros principios en su actuar, como el de transparencia o equidad. Así, por ejemplo, mientras una empresa tiene libertad de contratación para ser eficiente en su operación, el Estado está obligado a seguir reglas estrictas de contratación pública con el fin de garantizar transparencia y equidad en la administración pública.
Cuarto, porque una empresa no puede funcionar dando pérdidas indefinidamente. Sus ingresos deben ser, al menos en el largo plazo, mayores a sus gastos. Los Estados modernos funcionan indefinidamente a pérdida, esto es, años tras año incurren en mayores gastos que sus ingresos (lo que se conoce como déficits fiscales). A modo de ejemplo, Estados Unidos lleva más de 25 años seguidos con déficits fiscales, Japón lleva más de 30 años seguidos con déficits fiscales, y en lo que va de este siglo Colombia siempre ha tenido déficits fiscales; y aun así ninguno de estos tres países está en riesgo de “quiebra”. Se podría decir que en el capitalismo actual los déficits fiscales constituyen una característica normal, incluso deseable, de los Estados.
Quinto, y conectado con el punto anterior, porque una empresa no tiene autonomía para decidir sobre sus ingresos, y depende de cuánto es capaz de vender en el mercado. El Estado, por el contrario, tiene la facultad legal de aumentar los impuestos, de financiar gasto vía emisión monetaria, o de recomprar su propia deuda a través del Banco de la República.
Sexto, porque una empresa funciona de manera jerárquica y centralizada, y por lo tanto puede ser gerenciada. Por grande y compleja que sea la estructura de una empresa, siempre tiene un gerente o una junta directiva que decide y direcciona a la empresa en su conjunto desde arriba. El Estado, por el contrario, no funciona de manera jerárquica sino que es constituido por distintas ramas del poder público independientes entre sí, lo que imposibilita su dirección centralizada. La rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva funcionan de manera independiente, sin mencionar los órganos electorales y de control. La rama ejecutiva, a su vez, tampoco es centralizada del todo: el presidente no tiene línea de mando sobre ningún gobernador ni alcalde. Así, el presidente de la República, en vez de gerenciar al Estado, debe gobernar en un entramado institucional del cual él es, apenas, uno de los muchos engranajes que constituyen al Estado como un todo.
Si el Estado, a diferencia de una empresa, no busca generar ganancias, no es privado, no se rige bajo el principio de eficiencia, puede funcionar a pérdida indefinidamente, funciona con otra lógica financiera y no puede ser gerenciado de manera jerárquica, entonces ¿por qué tantas personas repiten e invocan la analogía de «el Estado es como una empresa»? En el mejor de los casos, por desconocimiento. En el peor de los casos, porque conceptualizar al Estado como una empresa privada cumple una función ideológica, pues justifica recortes del gasto público que imposibilitan que el Estado cumpla con sus funciones sociales; justifica que parte del Estado, por el hecho de no generar ganancias de la misma manera que el sector privado, como por ejemplo EPM, pueda ser desmantelado y privatizado; justifica que el Estado pueda ser subordinado a intereses privados, o peor, subordinado a los intereses de otras naciones; justifica que se tomen decisiones arbitrarias que desconozcan los equilibrios de poderes o las normas de gestión pública en nombre de una “gerencia eficiente”; y justifica que los agentes políticos se comporten como dueños del Estado, al mejor estilo gamonal que todavía impera en gran parte de Colombia.
Ahora ya sabes: cuando alguien diga que «el Estado es como una empresa», hay dos opciones: o esa persona ignora la función social del Estado, el funcionamiento de las finanzas públicas, la naturaleza pública del Estado y la manera en que debe ser gobernado; o su intención no es hacer al Estado más eficiente sino desfigurarlo al punto tal que deje de ser un Estado y se convierta en un negocio privado. En cualquier caso desconfía, porque el Estado es, justamente, todo aquello que la empresa privada no es.
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