La política nunca ha sido un espacio puramente racional. Los afectos se juegan en las decisiones. El miedo, en particular, tiene una capacidad de simplificar lo complejo, de reducir el espacio del desacuerdo hasta el punto de que cualquier diferencia se percibe como peligrosa. Votar se convierte entonces en un acto de defensa frente a un otro amenazante.
En vísperas de las elecciones presidenciales en Colombia, un término que ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público ha sido el miedo a la llamada «ideología de género». En entrevistas y declaraciones, candidatos y candidatas son interpelados sobre su postura frente a un concepto cuya definición es aún difusa, pero cuya carga política resulta innegable. Su reaparición en el debate no es casual, pues implica una retórica que ordena el campo político en términos binarios y activa sensibilidades sociales profundas.
Recordemos que en 2016 se votó el plebiscito para consultar si los colombianos y las colombianas apoyaban el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC. El 2 de octubre, el 50,2% de los votos fue a favor del «No», lo que supuso la renegociación del mismo. Este resultado fue inesperado, pues casi todos los partidos políticos (a excepción del Centro Democrático) apoyaban la firma de los acuerdos, y las encuestas predecían una holgada victoria para el «Sí».
Numerosos autores señalaron que la retórica contra la «ideología de género» desempeñó un papel clave, lo que convirtió a los movimientos antigénero en actores inesperados del proceso[1]. Durante la campaña del plebiscito, los debates sobre género y paz reunieron a una variedad de actores sociales y políticos en la esfera pública del país[2]. Esta coalición de actores antigénero utilizó tácticas de pánico moral, como decir que firmar los acuerdos significaría promover el aborto, destruir la familia tradicional e imponer la diversidad sexual a toda la población[3].
Estos movimientos sociales comenzaron a ocupar con fuerza los debates políticos diez años atrás cuando, a nivel internacional, se estaban consolidando campañas en torno a la oposición a este mal llamado radicalismo ideológico. En 2014, en Bolonia, Italia, el grupo ‘Sentinelle in Piedi’ (Centinelas en pie) se oponía masivamente al avance de los derechos de la población LGBTQIA+ y a la supuesta expansión de la «ideología de género» en el país. Los activistas italianos fueron inspirados por sus homólogos franceses, el grupo llamado ‘Veilleurs’ (Vigilantes), que se moviliza desde 2013 en contra del matrimonio igualitario.
Hoy, los movimientos antigénero forman parte de una compleja red de actores globales que muestran patrones comunes de movilización y emplean estrategias y discursos similares. Uno de los elementos compartidos es que la «ideología de género» se señala sistemáticamente como la causa fundamental de las reformas a las que se oponen[4]. Esta retórica funciona como un ‘aglutinante simbólico’[5], que agrupa diversos temas, desde el aborto, la educación sexual, los derechos de la población LGBTQIA+, hasta el concepto mismo de género. Todos estos son presentados como parte de un mismo proyecto ideológico que amenaza los valores tradicionales.
Tras el triunfo del «No» en el plebiscito de 2016, el Estado invitó a la mesa de negociaciones a los opositores al acuerdo, entre ellos a los principales impulsores de la campaña contra el género, para escuchar sus propuestas e incorporarlas; finalmente, el acuerdo se firmó dos meses después. Sin embargo, en el documento final se eliminaron 59 de las 113 menciones originales al género. Además, se eliminó toda referencia a la identidad de género diversa[6]. Aunque el acuerdo de paz firmado seguía incorporando una perspectiva de género, este hecho no niega el importante poder que ostentaban estos actores conservadores. Este episodio creó una oportunidad de impacto político[7], convirtiendo a los movimientos antigénero en Colombia en actores legitimados y cada vez más institucionalizados. Agosto de 2016 marcó un momento crucial en el que la oposición a la «ideología de género» se convirtió en una estrategia política central y en un recurso retórico en debates cruciales de la historia de Colombia[8].
El plebiscito hizo que estos grupos tomaran consciencia de su fuerza y su capacidad para articular un público expectante, listo para movilizarse en otras esferas. Lejos de desaparecer tras ese episodio, lograron consolidarse dentro de las instituciones políticas. Lo que en un inicio operaba principalmente en términos religiosos o culturales ha sido progresivamente traducido a términos jurídicos y científicos, permitiendo su circulación en espacios formales de toma de decisiones. Después del plebiscito de 2016, estos grupos han creado partidos políticos, como el partido Colombia Justa Libres, el cual tiene el apoyo del 70% de las iglesias evangélicas del país [9].
La presencia de partidos políticos antigénero aumentó en el Congreso. Para 2020, el 50,7% de los congresistas se declaró contrario al avance en políticas de derechos sexuales y reproductivos[10], y se creó la ‘Bancada Provida’, una coalición de alrededor de 60 congresistas para legislar en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y de la eutanasia. Entre 2018 y 2024, partidos políticos evangélicos y de derecha han propuesto seis proyectos de ley para obstaculizar el derecho al aborto.
Este camino hacia la institucionalización ha convertido a estos grupos en actores políticos proactivos, organizados y estratégicos, que inciden en las políticas desde dentro del aparato estatal. Ya no son más una fuerza reactiva, que se opone al avance y que funciona como un ‘contramovimiento’, sino una fuerza política organizada y que ha actuado de manera sistemática en la última década.
En este contexto, la reaparición del discurso sobre la «ideología de género» en la actual campaña electoral confirma su consolidación como herramienta política. La experiencia del plebiscito en 2016 nos mostró hasta qué punto es posible orientar estratégicamente decisiones colectivas a partir de la activación del pánico moral, hasta llegar a poner en juego la firma de un Acuerdo de Paz que acabaría con más de cincuenta años de conflicto armado. Este retorno desplaza la discusión de políticas públicas concretas hacia el debate de posturas morales, en las cuales los derechos fundamentales pueden ser reconfigurados como amenazas culturales.
A la luz de este panorama, surgen cuestionamientos acerca de otras alternativas para afrontar las decisiones electorales. ¿Cuál es el remedio para el pánico moral? ¿De qué manera podemos luchar contra el miedo que nos mueve ciegamente? Indudablemente, el conocimiento, el análisis crítico y la reflexión juiciosa son grandes estrategias, sobre todo si consideramos que una de las tácticas principales de los movimientos antigénero consiste en la producción de conocimiento: la elaboración y difusión de discursos científicos relacionados con la agenda antigénero, así como plantear sus argumentos en términos jurídicos e invocar los derechos humanos para respaldar sus posiciones[11]. Muchos miedos vienen del desconocimiento y de la incertidumbre, y así mismo se disuelven cuando entramos en contacto con la realidad y ganamos comprensión y claridad. Sin embargo, como sabemos que la política no es un ejercicio meramente intelectual, la cuestión es si seguiremos permitiendo que el miedo la domine o si es posible abrir espacio a otros afectos que puedan ponerse en juego al momento del voto: el sosiego, la preocupación por lo colectivo o incluso el entusiasmo de contribuir a la construcción de un pacto social que nos represente.