Nota introductoria: tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Justicia Especial para la Paz, han reconocido la participación y responsabilidad del Estado Colombiano en el genocidio de los miembros del paritdo político de la Unión Patriótica.
Don José[1] estaba sentado cerca del balcón de la casa. Hacía calor y su rostro estaba iluminado por los rayos del sol de la tarde. Sus hijos, su nuera y su esposa estaban sentados a su alrededor. Estaban de visita en nuestra casa. Les preparé frijoles con chicharrón, arroz y plátano maduro. Al terminar, un café sobre la mesa avivó la palabra de todos. Uno de sus hijos me preguntó inesperadamente: “Ve! Moni, querías preguntarle a mi papá sobre su experiencia en el proceso de reparación de víctimas en Colombia”.
Me sentí muy apenada porque he comprendido que las situaciones relacionadas con nuestra historia reciente movilizan muchas emociones, entre ellas, emociones políticas articuladas al rencor y a la ira, sensaciones que se comparten en lo colectivo a razón de haber transitado una historia en la que a veces se perdió todo: la finca, las gallinas, las relaciones de vecindad, los amigos, la cuna, la raíz, la vereda, la ciudad, el barrio, la madre, el padre, el hermano, el hijo, la vida misma. Emociones que movilizan la experiencia pasada del dolor y del olvido selectivo.
Con el rostro sonrojado y con ganas de que se sintiera respetado y reconocido a través de la palabra, me atreví a decirle: “Don José, sí; me contó su hijo que le ha ido bien con el proceso de reparación de víctimas, me dijo, además, que usted fue militante de la Unión Patriótica”.
¡Por Dios! Tenía en la mesa de mi casa a un sobreviviente de uno de los genocidios políticos más grandes y dolorosos de la historia de Colombia. Lo recuerdo con nitidez. Don José guardó silencio unos segundos antes de responder. Bajó la mirada hacia la taza de café, como si allí reposaran las imágenes de una vida que durante años había aprendido a contar con cautela o aún más, las imágenes de una vida en el silencio. Luego levantó la vista y, con una serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido a lo indecible, comenzó a hablar.
“Así sin dulce lo tomo yo, negro, sin azúcar ni nada” … Don José nos contó que durante muchos años vivió en su municipio entregado al servicio de los demás. Era un hombre conocido por acompañar a los campesinos en sus dificultades, por gestionar soluciones para quienes no tenían voz y por creer que la política debía ser una herramienta para dignificar la vida de las personas. En aquella época, sus acciones estuvieron orientadas a recuperar las tierras que les pertenecían a los campesinos. Ese compromiso político lo llevó a ser elegido concejal del municipio siendo representante de la Unión Patriótica. En los años 80, la esperanza de transformar los territorios superando el espectro bipartidista desde la participación democrática plural, parecía no menos que posible, concebible.
Pero esa esperanza fue convirtiéndose, poco a poco, en una sentencia.
Las amenazas comenzaron a llegar una tras otra. Nombres de compañeros asesinados circulaban de boca en boca y las reuniones políticas se transformaron en espacios de despedida anticipada y de advertencias de cuidado colectivo. Hasta que un día el atentado llegó a su propia vida en forma de granada. Como algunas de las paredes de su casa, Don José y su familia sobrevivieron, pero entendieron que permanecer en el municipio significaba esperar la muerte.
La taza de café iba por la mitad y la tibieza de la bebida seguía humedeciendo el relato. Mientras lo escuchaba, comprendí que la historia de Don José no podía leerse únicamente como una experiencia individual. Su vida, como la de miles de hombres y mujeres que militaron en la Unión Patriótica, estaba profundamente atravesada por un contexto histórico en el que la participación política fue respondida con la violencia y la eliminación sistemática de quienes representaban proyectos alternativos de país llenos de esperanza para la gente. Un momento político de profundo cierre del espacio democrático en Colombia, en el que la contienda política era manchada con sangre y la participación progresivamente se restringió mediante la violencia dirigida contra sectores de oposición y liderazgos sociales. En el caso de la Unión Patriótica, este fenómeno trascendió la persecución individual para convertirse en una estrategia sistemática que anuló las posibilidades reales de competencia política en numerosos territorios, especialmente para quienes representaban los intereses de comunidades campesinas y populares.
Recordé que, en mis años de estudio y análisis documental sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica[2], se explicaba como el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica fue cruelmente particular, porque no solo buscó eliminar físicamente a sus integrantes, sino también desestructurar un proyecto político que cuestionaba las relaciones tradicionales de poder y ampliaba la representación de sectores históricamente excluidos. Líderes como Don José fueron estigmatizados y convertidos en objetivos de la violencia. El atentado que truncó su trayectoria política y el posterior desplazamiento forzado de su familia no constituyen hechos aislados, sino expresiones de un patrón más amplio.
Me dolió escuchar que Don José abandonó entonces su carrera política, no porque hubiera renunciado a sus ideales, sino porque el miedo impuesto por la violencia le arrebató el derecho a seguir representando y liderando en su comunidad. También tuvo que abandonar el municipio donde había construido su historia, sus relaciones de vecindad y sus afectos territoriales, un municipio donde había ayudado a tanta gente y donde conocía cada camino, cada vecino y cada cultivo. Salir no fue una decisión, fue la única posibilidad de seguir viviendo sin cargar sobre sus hombros el peso de sentirse enemigo de un país que amaba.
Escuchar a Don José también me llevó a comprender que, durante muchos años en Colombia, hacer política desde la oposición podía ser suficiente para convertirse en un enemigo simbólico. En este punto de la conversación no se me hacía ajeno pensar en La Doctrina de Seguridad Nacional, adoptada en distintos países de América Latina y arraigada en el contexto colombiano, con la que se promovió la idea de un supuesto «enemigo interno» para justificar el extermino. Según esta doctrina, muchos líderes sociales, organizaciones campesinas, sindicatos y movimientos políticos de oposición eran frecuentemente señalados como una amenaza para el orden estatal.
Justamente como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica[3], esta construcción de la idea del enemigo interno contribuyó a legitimar prácticas de estigmatización, persecución y violencia contra personas que ejercían actividades políticas legales, debilitando las garantías propias de una democracia pluralista. En ese contexto, Don José dejó de ser visto como un concejal elegido por su comunidad y como un líder comprometido con las necesidades del campesinado, para ser leído desde una lógica contrainsurgente que confundía la oposición política con la subversión armada.
Su esposa también tuvo que huir. Lo hizo acompañada de su hija, apenas una adolescente de trece años. Ellas también conversaron. Mientras relataban ese episodio, sus voces se quebraron un poco. Nos contaron que, en medio del desespero y la incertidumbre, Don José armó a su hija para que protegiera a su madre durante la huida. Aquella niña, que debía estar preocupada por la escuela, los juegos y los sueños propios de su edad, cargó sobre sus hombros el peso insoportable de la guerra. Ningún padre debería verse obligado a entregar un arma a su hija para garantizar la supervivencia de su familia.
Mientras los escuchaba, comprendía que las cifras del conflicto armado nunca alcanzan a narrar la profundidad de estas historias. Detrás de cada desplazamiento hay un proyecto de vida interrumpido, una niñez preocupada pero también valiente, una esposa sensata pero también lastimada; detrás de cada sobreviviente hay una familia obligada a reinventarse desde el desarraigo; detrás de cada proceso de reparación existe una memoria que no se olvida. Don José no hablaba desde el rencor. Su esposa y su hija tampoco. Sus palabras no buscaban despertar compasión o hacer reclamos, sino recordar que la democracia también se construye escuchando a quienes fueron silenciados por las armas.
En la tranquilidad de aquella tarde, reposaban sobre la mesa las tazas de café ya vacías. Entendí que la reparación no consiste únicamente en el reconocimiento institucional o en las medidas jurídicas y simbólicas. También ocurre cuando alguien encuentra un espacio seguro para contar su historia y cuando otros deciden escucharla con respeto, sin interrumpir el peso de los silencios. Porque, al final, la memoria de Don José no era solo suya. Era también la memoria de un país que aún intenta comprender las heridas que dejó la violencia política y el costo humano que significó creer que pensar diferente podía pagarse con la vida.
La historia de Don José y de su familia también interpela los desafíos que enfrenta hoy la construcción de memoria en Colombia. He sentido miedo al escuchar, en el escenario político contemporáneo, discursos que presentan a la izquierda como un enemigo al que hay que «destripar». Esto me resulta particularmente alarmante cuando se recuerda que, hace apenas unas décadas, miles de militantes de la Unión Patriótica fueron perseguidos, asesinados y obligados al exilio bajo narrativas que deslegitimaban su participación política y los convertían en una amenaza para el Estado. El lenguaje político nunca es inocente: cuando el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un enemigo que debe ser eliminado, se erosiona el pluralismo democrático y se debilitan los largos esfuerzos por construir una memoria colectiva orientada a la no repetición. Precisamente por ello, el mayor reto de la memoria en la Colombia actual consiste en preservar el reconocimiento de las violencias del pasado y promover un debate público que, sin renunciar a las diferencias ideológicas, rechace cualquier forma de estigmatización que pueda reactivar las lógicas de exclusión y exterminio que hicieron posibles tragedias como el exterminio de la Unión Patriótica.
Uno de los pilares de la construcción de memoria histórica es el de la no repetición. Pero por ahora, vuelve la certeza de que en Colombia la participación democrática es un ejercicio de alto riesgo que se alimenta con odio desde el poder.
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Notas: