Como demócrata radical creo (i) que las libertades civiles se deben garantizar y amplificar tanto como los derechos que aseguran condiciones mínimas de igualdad y justicia material, (ii) que las personas deben ser reconocidas de manera igualitaria como sagradas y respetadas en su dignidad humana y su diversidad cultural, (iii) que el funcionamiento de la República debe estar fundado en la libertad política, la participación efectiva, la separación de poderes y el principio de legalidad, (iv) que el funcionamiento del mercado (no creo en la economía centralizada) debe tener límites éticos y jurídicos, especialmente en el respeto a la dignidad humana, la libertad de cada persona, la justicia social y en la protección del medio ambiente, y (v) que absolutamente nada justifica un régimen autoritario.

Partiendo de estos principios, quiero compartir las razones de mi voto en segunda vuelta, en la que inevitablemente Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda será elegido Presidente de la República. Por su puesto, advierto que –siendo estas las únicas opciones factibles– mi voto estará lleno de reservas.

Para empezar, aclaro que no votaré en ninguna circunstancia por Abelardo de la Espriella porque me lo impiden mis más elementales convicciones éticas, democráticas y jurídicas. Aquí apenas mencionaré diez de los motivos:

1. Porque, al adquirir la ciudadanía estadunidense, manifestó bajo la gravedad de juramento lo siguiente: “renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano”. Y no puede ser Presidente de la República quien –de manera expresa, consciente y voluntaria– ha abjurado de la lealtad y fidelidad hacia ella. Entonces, ¿Firme por cuál patria? Además, como ya lo señaló una treintena de ex magistrados y expertos constitucionalistas, este juramento crea una posible incompatibilidad jurídica para ocupar la jefatura del Estado y un claro impedimento moral.
2. Porque, en concordancia con lo anterior, ha propuesto poner en marcha políticas que pondrían en grave riesgo la soberanía e independencia de la República: dolarizar la economía colombiana, abrir bases militares de los Estados Unidos en el territorio nacional y fungir como aliado estratégico de las políticas imperialistas (y contrarias al derecho internacional) de Donald Trump, que ya han sido bastante nefastas para la paz y la economía globales. Sin mencionar que ha propuesto la salida de Colombia de organismos multilaterales –donde se reconoce una cierta paridad entre los Estados– como la ONU y la OEA.
3. Porque pretende alinearse con el actual gobierno de Israel, es decir, con un gobierno que perpetró un genocidio, que sigue cometiendo innumerables crímenes de guerra y que ha puesto en jaque la estabilidad de una buena parte del mundo. Y este es un límite ético infranqueable para mí: no quiero que mi patria esté del lado equivocado en este capítulo nefasto de la historia universal.
4. Porque de manera sistemática ha demostrado actitudes misóginas, homófobas y machistas. No solo por el trato irrespetuoso y vulgar que ha mostrado con varias periodistas, sino por llegar a descalificar a las mujeres como interlocutoras políticas (incluso a Paloma Valencia) y –especialmente– por estar a favor de la limitación de sus derechos sexuales y reproductivos.
5. Porque propone una política económica regresiva (a la manera de Milei), con medidas como una disminución del 40% del Estado colombiano –y un recorte de 700.000 empleos públicos–, la reducción de impuestos a los grandes capitales y la pauperización de los derechos laborales (v.g. la fórmula de contratación por horas). Este tipo de fórmulas nunca han servido para generar mayor crecimiento económico en el largo plazo, ni para generar mayor competitividad a nivel internacional, ni para disminuir el desempleo de manera sostenible, ni mucho menos para reducir la desigualdad social.
6. Porque propone eliminar la JEP, la única jurisdicción que ha logrado evitar que queden en la impunidad miles de crímenes atroces cometidos por las guerrillas, los paramilitares y por algunos miembros de la Fuerza Pública. Esta jurisdicción ha logrado sacar la verdad del conflicto armado a la luz, declarar responsabilidades, reparar a las víctimas y asignar sanciones –aunque sean más leves– de manera mucho más eficaz que la jurisdicción ordinaria en más de medio siglo.
7. Porque a pesar de que se llena la boca hablando contra el régimen venezolano, le ha prestado –sin ningún reparo– sus servicios profesionales, al representar a Alex Saab, el presunto testaferro del dictador.
8. Porque nadie que defienda la democracia y el orden constitucional puede decir que va a “destripar” a sus antagonistas políticos, ni llamarlos “enemigos de la patria”, ni llamar “imbéciles” a quienes votan por sus contrarios, ni manifestar que nunca va a negociar con su eventual oposición. Con estas posiciones De la Espriella no hace más que coquetear con el totalitarismo. ¿O es que pretende un sistema electoral en el que solo puedan participar candidatos del mismo espectro político (como en China), y no puedan ser participantes válidos los distintos?
9. Porque promete “fracking a todo dar” cuando la evidencia empírica habla más de su peligrosidad, de su relativamente baja sostenibilidad económica y social, que de sus ventajas para el bien común.
10. Porque está a favor del porte de armas por parte de civiles. Porque, pese a haber adquirido su fortuna como abogado defensor, es ahora el principal abanderado de un populismo punitivo al mejor estilo de Bukele. Porque no hace más que instrumentalizar de manera populista la religión, las Fuerzas Armadas y los símbolos patrios.

De manera que la opción que queda es Iván Cepeda. A pesar de que es un socialdemócrata serio, coherente y conciliador, con la suficiente preparación y carácter para asumir la jefatura del Estado, lleva a cuestas los innumerables desaciertos y escándalos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro: los casos de la UNGRD, de Nicolás Petro, de Laura Sarabia, de Juliana Guerrero, la insistente amenaza de legislar por vía de decreto, la participación indebida en política, entre otros, a los que Petro no ha respondido más que con una perorata incendiaria y con actitudes que dan la razón a aquellos que hablan de una desinstitucionalización durante su gobierno.

Por supuesto, no dejo de reconocer que en este gobierno se logró una disminución histórica de la pobreza monetaria, del desempleo y de la mortalidad infantil. Que ha llevado a cabo una política eficaz de restitución de tierras, así como importantes reformas en materia laboral y pensional. Y que por primera vez puso en el centro de la agenda a las comunidades históricamente marginadas o discriminadas, a la transición energética y a la protección del medio ambiente.

Así las cosas, votaré por Cepeda, pero con muchas reservas. Menciono –entre ellas– solo las siguientes:

1. Cepeda mantuvo –hasta que los promotores desistieron– una posición ambigua frente a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que venía siendo propuesta por el mismo Petro con el fin de lograr a toda costa sus reformas. Precisamente por el momento político en el que estamos, esta constituyente lejos de profundizar los derechos conquistados con la Constitución del 1991 amenazaba con romper la separación de poderes, aumentar el clima de polarización, debilitar las instituciones democráticas y poner en riesgo los avances jurisprudenciales que se han desarrollado en estas tres décadas en cuanto a la protección de derechos. Sobre este punto establezco un matiz. Muchas de las promesas de campaña de Abelardo de la Espriella son abiertamente inconstitucionales y, de implementarse, representarían una sustitución retardataria y antidemocrática de la Constitución de 1991.
2. Cepeda se demoró demasiado en reconocer los graves casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Gustavo Petro y sigue sin condenarlos con suficiente contundencia, lo que no se compadece con su objetivo de promover una “revolución ética”.
3. Cepeda no ha presentado propuestas concretas para corregir los fracasos de la política de “Paz total”. Ni tampoco ha formulado un plan para atender los graves problemas de orden público y –sobre todo– para perseguir los atroces crímenes perpetrados por los grupos armados organizados, que parecen ir en aumento en muchas zonas del país. Mientras un Estado no logre consolidar el monopolio de la fuerza, tampoco podrá garantizar los derechos más elementales de la población.

Sé que Petro, sus funcionarios y sus copartidarios en muchos aspectos merecen un voto de castigo, sin perjuicio de que muchos de ellos deban responder política y penalmente. Pero un voto de castigo no puede llevarnos a preferir un proyecto que amenaza tan gravemente la soberanía nacional, las libertades civiles y políticas de los colombianos, los derechos económicos y sociales que con tanto esfuerzo se han conquistado, la protección del medio ambiente, la diversidad cultural y la integridad moral de la nación.